Guía contra la discriminación
Con fecha de 1 de diciembre de 2017, el INE ha publicado, en alianza con el CONAPRED, una necesaria obra: Guía para la acción pública. Elecciones sin discriminación. Participar y votar en igualdad, de la autoría de Teresa González Luna (http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAPElecciones2017WEB.%20Ax.pdf ).
La autora define la discriminación electoral como “… una de las formas de tratamiento desigual que limita el ejercicio de los derechos políticos fundamentales a votar y ser votado, así como el conjunto de libertades que permiten la participación de las y los ciudadanos en la vida pública.” (p. 41). Por ello, el propósito de la Guía no es sólo reconstruir el panorama de los avances antidiscriminatorios en la arena electoral de los últimos años (la paridad de género en las candidaturas, las medidas a favor de la población indígena o las acciones para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad, sino también proporcionar una serie de criterios de acción para que tanto autoridades electorales institucionales como funcionarios de casilla (que son autoridades temporales) cumplan sus tareas específicas sin sesgos discriminatorios.
Como dice el Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova en la “Presentación”: “esta Guía, (…) pretende contribuir a (que) las tareas de las autoridades electorales, la competencia por los cargos de representación en los partidos políticos, la selección e integración a quienes asumirán funciones de autoridad el día de la jornada electoral y finalmente la competencia democrática por un cargo de representación política se den libres de discriminación y garanticen la participación paritaria de hombres y mujeres.”
La autora utiliza las definiciones de las políticas específicas contra la discriminación de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación (Medidas de nivelación, Medidas de inclusión y Acciones afirmativas) y con ellas identifica las políticas que debe cumplir el INE en su tarea de organización de las elecciones. El texto orienta, de manera pedagógica, a quienes conducen el proceso electoral en sus distintas etapas sobre la mejor manera de garantizar la no discriminación en el terreno electoral.
Se trata de una guía imprescindible para lograr unas elecciones más igualitarias e incluyentes y para que nadie que deba estar adentro se quede afuera.
Los votos de la población trans
Una de las discusiones más interesantes que se han procesado en estos tiempos en el seno del INE es el de las medidas adoptadas por esta institución para que se facilite el ejercicio del voto a personas “trans”, es decir, a personas travestis, transgénero o transexuales que, por razones de apariencia o nombre, pueden tener dificultades para acreditar su identificación en la casilla el día de la jornada electoral. El problema que se ha tenido que enfrentar es muy concreto y específico, y probablemente la solución que se ha construido sea aprovechada en los hechos por muy escasas personas; sin embargo, la respuesta ofrecida tiene una gran importancia por el sentido incluyente que la mueve.
Gilberto Rincón Gallardo, precursor en muchos sentidos de la agenda nacional de no discriminación, solía decir que el valor de una sociedad democrática no se debe medir por el peso de las mayorías que toman las decisiones sino por la manera en que en ella son tratadas las minorías. El 22 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas Trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.
De título kilométrico, este Protocolo autoriza la aplicación de “medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en la credencial para votar.” Por ello, el Protocolo establece que “Todas las personas ciudadanas trans que tengan credencial para votar vigente y que estén inscritas en la lista nominal de electores podrán emitir su voto el día de la elección. En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella podrá ser causa para impedir el voto.”
El núcleo de la cuestión reside en el tema de la “falta de concordancia” entre la llamada expresión de género de una persona y la fotografía, nombre o sexo que aparecen registrados en la credencial para votar. En el caso de las personas trans, es frecuente que los documentos de identificación contengan fotografías distintas a la apariencia actual de la persona (por ejemplo, una persona puede expresar socialmente su género como mujer teniendo su registro como hombre, o viceversa), o nombres distintos al que una persona usa en el presente (por ejemplo, que de manera cotidiana una persona sólo responda a un nombre femenino siendo su registro el de un nombre masculino, o viceversa). Lo cierto es que la identidad ciudadana de la persona no se modifica con los cambios de sexo, género o vestimenta (que son las modalidades registradas de lo “trans”) y no habría razón de fondo para negar el derecho a votar por esta discordancia.
La discusión en el seno del INE fue complicada y tensa. No es extraño. Es una cuestión que alberga cuestiones técnicas, de seguridad de la credencial, de certidumbre del proceso y hasta de moral sexual. En un momento del proceso, el CONAPRED dictó medidas cautelares para el INE a efecto de solicitarle que no se diera marcha atrás en esta estrategia para garantizar derechos. Finalmente, el Protocolo se aprobó y sienta las bases para facilitar esos votos que de otro modo podrían ser negados por la falta de concordancia mencionada.
Sólo después de la jornada electoral podremos saber si el Protocolo sirvió para que una, cinco, diez o cien personas trans pudieran ejercer sin complicaciones su derecho al voto. El número es lo de menos; lo esencial es el derecho que se afirma.
Una elección de coaliciones
Una coalición electoral, dice la Ley General de Partidos Políticos, es “la unión de dos o más partidos políticos para contender unidos en una elección determinada”. El proceso electoral 2017-2018 estará marcado por una contienda no entre partidos separados sino entre coaliciones electorales. Los lazos que unen a los partidos coaligados pueden ser de oportunidad y beneficio mutuo, pero también pueden llegar a ser de principios, programa y agendas de gobierno y legislativas. Según su antigüedad conforme al nombre actual de alguno de sus integrantes, las coaliciones son las siguientes:
La coalición Por México al Frente, que es una alianza entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, postulan conjuntamente candidatura a la Presidencia de la República, y prevén coaliciones parciales para 58 fórmulas para el Senado y 269 para diputaciones federales. En el ámbito de la Ciudad de México también proponen una candidatura común.
La coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México postula candidatura común a la Presidencia de la República, propone una coalición parcial para 32 fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y una coalición flexible para postular 133 fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa. En un principio, esta coalición se ha denominado Meade ciudadano por México, aunque ha habido controversia sobre si esta denominación es legalmente aceptable. Para la Ciudad de México, cada partido determinará su propia candidatura.
Los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Alianza Social forman la coalición Juntos haremos Historia. Ésta postula una candidatura común a la Presidencia de la República y coaliciones parciales para 58 fórmulas de candidatura al Senado y 269 fórmulas para diputaciones federales. Para la Ciudad de México, también proponen una candidatura conjunta.
Las coaliciones electorales constituyen una práctica ya conocida en anteriores procesos electorales en México. También es una experiencia socorrida en otros sistemas electorales. Así que no se salen de la normalidad de un proceso electoral, aunque algunos analistas opinen que con ellas se desdibujan las identidades y programas de los partidos políticos.
Otras formas de asociación pueden presentarse a partir de esta alianza que es transitoria. En efecto, de este acuerdo para competir conjuntamente en la justa electoral pueden provenir programas de gobierno compartidos o la construcción de agendas legislativas. Por lo pronto, el pegamento que mantiene unidos a los partidos ahora coaligados es la búsqueda de los puestos de representación popular que resultarán de este proceso electoral.
El gasto electoral
El récord mexicano más destacado en el mundo no es el de la Rosca de Reyes de enero o el del mayor número de personas desnudas en una misma fotografía; es el de la celebración de las elecciones más caras del mundo. Según cálculo de Integralia, sólo en el ámbito del proceso electoral federal (Presidencia de la República, Diputaciones y Senadurías) en 2018 las elecciones tendrán un costo de 28 mil 022.5 millones de pesos. Se trata de una cantidad que cuesta no sólo creer sino incluso leer. Vista fuera de su contexto, esta cantidad parece un exceso injustificado.
Desde luego, todas las instancias de autoridad e interés público deben ser lo más austeras posibles y eficientes en el uso de los recursos de carácter público, es decir, de aquellos que constituyen el patrimonio colectivo de todos nosotros. El INE, el Tribunal Electoral y los partidos políticos tienen obligaciones legales de control del gasto y de transparencia y rendición de cuentas, lo que no quita que la suma erogada elección tras elección siga siendo mayúscula.
Pero la historia es más compleja que la impactante cifra que se nos presenta. La transición democrática mexicana, centrada en el saneamiento o rectificación de los procesos e instituciones electorales, se ha construido mediante la implantación de una serie de controles para reducir la desconfianza de contendientes políticos y ciudadanos y para generar certidumbre. Estos controles son muy caros. Por ejemplo, mientras que en la cuna del gobierno representativo, Inglaterra, se discute ahora mismo acerca de si se debe exigir a los votantes algún tipo de identificación donde se señale el lugar donde viven, en México la credencial para votar con fotografía, cuyo desarrollo en el tiempo merecería una historia propia, por sus controles de seguridad (y por ser de hecho una suerte de documento de identidad nacional para personas adultas) implica gastos millonarios porque es la única forma de identificación aceptada en el momento crucial de la jornada electoral. Algo parecido sucede con el financiamiento público a los partidos políticos nacionales. En países como Estados Unidos, su ingreso proviene de las donaciones, mayores o menores, de particulares, mientras que en México el modelo constitucional de democracia obliga al patrocinio público de sus actividades para, entre otras cosas, evitar la infiltración de intereses oscuros o ilegales. En muchas otras naciones democráticas, las elecciones las organizan funcionarios públicos ya previamente contratados y hasta capacitados, mientras que en México en cada proceso electoral se organiza y capacita a un ejército de ciudadanas y ciudadanos que son los únicos en quienes hemos decidido confiar.
Desde luego, es entendible que para la mayor parte de la población sea muy difícil comprender que se requiera un gasto electoral tan alto dada la peculiar historia de desconfianza y abusos que han acompañado a nuestra experiencia política; y de todos modos se debe intentar ese ejercicio de pedagogía. Lo que resulta más difícil de entender es que sea la Cámara de Diputados, integrada conforme a esas reglas electorales que tantos recursos consumen para funcionar adecuadamente, la que haya decidido, en diciembre de 2017, estando ya en curso del proceso electoral, reducir en 800 millones los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el INE. Ahora, por el cambio de atribuciones que provienen de su nuevo carácter de autoridad electoral nacional y no solo federal, el INE tendrá que cumplir más obligaciones con menos recursos. Y no por darle menos recursos ahora, los partidos políticos que han decidido el tijeretazo presupuestal esperan y exigen menos trabajo del árbitro electoral, y menos aún la ciudadanía.
El recorte al INE
Decíamos en la entrega anterior que, según cálculo de Integralia, el proceso electoral federal en 2018 costará la friolera de 28 mil 022.5 millones de pesos. Es, desde luego, un gasto mayúsculo; pero también recordábamos que el modelo electoral mexicano tiene una construcción de leyes e instituciones que lo hace muy costoso por su diseño y muy complicado por su aplicación. Para 2018, el presupuesto del INE será de 17 mil 426.4 millones de pesos; el del TEPJF será de 3 mil 893.2 millones de pesos, y el de los partidos políticos de 6 mil 702.9 millones de pesos. El INE contará con 800 millones menos de la previsión presupuestal presentada al Congreso. Aunque el INE recibe, traslada y audita el uso de los recursos de los partidos políticos, estos no se verán disminuidos en ninguna medida respecto de lo previsto.
De la reducción de 800 millones de pesos, el Instituto restará 200 millones en el presupuesto base de la institución y 600 millones en proyectos institucionales. Lo más destacado de los ahorros diseñados a toda prisa es lo siguiente: del presupuesto base se reducen 100 millones (30 millones de pesos en órganos desconcentrados y 70 de oficinas centrales). Las partidas que se reducen son principalmente las de gastos para operativos y trabajos de campo, difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales, impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las unidades responsables, materiales y útiles de oficina, viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, así como mobiliario. La reducción al presupuesto base no afecta contratos plurianuales, servicios generales ni servicios personales. El ajuste presupuestal reduce 55.8 millones de pesos en la contratación de secretarias y asesores de consejeros del Poder Legislativo; así como 44.2 millones de pesos en apoyo a la Comisión Nacional de Vigilancia.
Entre los otros rubros que se verán afectados con recortes se encuentran: proyectos por 230 millones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y por 192 millones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. También se reduce el gasto del programa del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (sobre todo, se eliminará el gasto en sobres de papel seguridad) y el gasto de impresión en papel seguridad de los cuadernillos con las listas nominales de electores. Otros recortes en distintas áreas y procesos completan esos 800 millones menos respecto el plan inicial de gasto.
Es cierto que el cinturón siempre se puede apretar y que, forzando el uso de los recursos y el trabajo de las personas, se pueden lograr algo cercano a los resultados esperados con menos dinero. Pero, en vez de debilitar la organización de un proceso electoral que cuesta lo que cuesta no por capricho del INE sino por imperativo legal, tal vez deberíamos empezar a discutir en México si lo que valen las elecciones equivalen a lo que cuestan; y sólo con base en una evaluación completa y razonada, sacar la tijera de los recortes. Las decisiones de castigo, de revancha o de prevención a una institución por la vía del presupuesto nunca traen el beneficio que dicen tener.
